CARTA DE LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE

Somos familiares de los Presos Políticos Mapuche, encarcelados por el Estado Chileno, 36 de ellos procesados a través de la Ley Antiterrorista, los que se encuentran en diferentes recintos carcelarios de este país.

Nuestros familiares responden a distintos procesos de recuperación territorial de comunidades mapuche, en zonas de conflicto, en virtud de los cuales se han involucrado en la lucha de nuestro pueblo.

En este mismo contexto nuestras casas y comunidades han sido allanadas por la policía chilena, en múltiples ocasiones, maltratando y causando terror en nuestras familias, llevándose detenidos a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos.

LEY ANTITERRORISTA

Por el sólo hecho de ser mapuche, los fiscales invocan la Ley Antiterrorista, en las Audiencias de Formalización (primera Audiencia). Hasta el momento, no hay ningún chileno a quien se le haya solicitado la aplicación de esta Ley, exceptuando a aquellos chilenos miembros de las redes de apoyo al Pueblo Mapuche.

Pero no es sólo el Ministerio Publico, a través de sus fiscales, quienes solicitan su aplicación, si no que es el propio Gobierno Chileno, a través de los abogados querellantes de las distintas Gobernaciones Provinciales. Es decir, el Gobierno Chileno de la Concertación ayer, y hoy de la Derecha, se hace parte siempre, en contra del pueblo mapuche y a favor de los usurpadores, invocando a los cuatro vientos su aplicación.

Jamás, cuando se ha asesinado a un Mapuche el Gobierno Chileno se ha querellado en contra de quienes resulten responsables. Los asesinos son juzgados por sus propios pares (Jueces Militares que son los Comandantes de las Guarniciones), quedando siempre en libertad y/o cumpliendo con penas que son una burla para las familias, todo esto a través de la también vigente Justicia Militar.

Denunciamos que la aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos mapuche implica arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como:

• Secreto de la investigación durante casi todo el proceso, que impide el derecho a la defensa.

• Prisión preventiva durante todo el proceso para la mayoría de los imputados (más de un año), no respetando la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial chileno.

• Testigos “sin rostro” o secretos, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversión en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y fiscales.

Pero además, el procesamiento a través de Ley Antiterrorista ha traído consigo una serie de violaciones a los derechos humanos tales como, torturas, presiones indebidas, hostigamiento a familiares, secuestros, etc.

La aplicación de la Ley Antiterrorista significara, en definitiva, una condena mayor que bajo la Ley Penal común. De hecho, la Fiscalía está pidiendo entre 30 y 103 años para nuestros familiares, esta última posible condena constituye un record a nivel latinoamericano.

El Caso Poluco Pidenco es una muestra de ello, en donde varios presos políticos mapuche fueron condenados a 10 años por Incendio Terrorista, en tanto que la pena por incendio no supera los 5 años. Dramática ha sido la lucha de estos hermanos, y sus familias, en especial de Patricia Troncoso Robles, quienes realizaron largas huelgas de hambre para lograr algunos beneficios. Por este caso el Estado Chileno fue denunciado ante la Corte Interamericana, encontrándose actualmente en proceso.

JUSTICIA MILITAR

Pero a la Ley Antiterrorista se suma además la aplicación de la Justicia Militar en el caso de varios Presos Políticos Mapuche, pese a que Chile ya fue condenado por este motivo por la Corte Interamericana de DDHH (Caso Palamara). Aun así en Chile, se continua juzgando civiles bajo la Ley Marcial.

DOBLE JUZGAMIENTO

Sin embargo, la aberración jurídica más grande la constituye el doble juzgamiento al que están sometidos cinco Presos Políticos Mapuche, del Proceso de Recuperación Territorial de Choque (Cárcel de Concepción), quienes, por un mismo hecho, están siendo procesados por la justicia civil y por la militar al mismo tiempo.

JUZGAMIENTO POLITICO

Por último, denunciamos que Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos políticos, miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aun prevalece en este país.

Todo lo anterior da cuenta clara, y sin lugar a dudas, de que nuestros familiares prisioneros, están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos (latifundios, hidroeléctricas, mineras, forestales, etc.) lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones.

Por todas estas razones, solicitamos el respaldo de las diferentes organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, a través de distintas iniciativas de protesta y repudio a la persecución política del Estado Chileno en contra del Pueblo Mapuche, que se ve claramente reflejado en estos procesamientos injustos, desmedidos y arbitrarios.

Por tanto nuestros familiares no han tenido derecho a un debido proceso, es que requerimos de la presencia de observadores durante los distintos Juicios Orales que se desarrollaran a partir de Julio, de este año. La presencia de observadores es la única forma de poder trasparentar esta última etapa del proceso judicial y con ello, la única forma de lograr estándares adecuados que permitan al pueblo mapuche igualdad de condiciones ante la ley, que los propios chilenos nos han impuesto.

Con un gran clamor de justicia, les saluda fraternalmente.

Familiares de Presos Políticos Mapuche, Prisioneros del Estado Chileno

¡FIN A LA LEY ANTITERRORISTA Y A LA JUSTICIA MILITAR!

¡LIBERTAD A TODAS Y TODOS LOS PRESOS (AS) POLITICOS (AS) MAPUCHE!

¡WEUWAIN – MARICHIWEU!

Julio 2010