Por Hernán Scandizzo / Fuente: ((i)) Pueblos Originarios

-¿Cuáles son las principales demandas que tienen hoy los pueblos originarios en el país?

Creo que en principio las demandas tienen más que ver, hoy, con poner en práctica los derechos. Argentina es un reconocedor de derechos nato, el tema es que hay una disociación entre la práctica y el reconocimiento. Entonces gran parte de las demandas de los pueblos indígenas es que se pongan en práctica los derechos que están reconocidos. Y en ese aspecto creo que los desafíos tienen que ver con que los pueblos indígenas elaboremos y nos hagamos cargo de esas propuestas, de cómo se ponen en marcha estos derechos. El desafío es cómo, desde nuestras concepciones culturales, desde nuestras ideas organizativas, nos hacemos parte de la definición del Estado de poner en marcha estos derechos.

-Decías que el Estado argentino ha hecho muchos reconocimientos pero que no pasan de la formalidad. ¿Por qué?

Tiene que ver, me parece, con una práctica como Estado, porque no es un tema que nos atañe a los pueblos indígenas. En términos generales hay reconocimiento de una cantidad de sectores de la sociedad… Hay mucha ley muerta. Eso también tendrá que ver con una manera en que este Estado se ha organizado. Este Estado entiende que hay cosas que no son buenas no reconocerlas, pero en definitiva, por debajo, entiende que no es bueno reconocerlas. Hay un doble juego, en ese sentido.

Creo que parte del trabajo de los pueblos indígenas, hoy, es empezar a mostrar esa contradicción, para también, en el marco de esa contradicción, proponer nuestra solución a la carencia de definición de práctica política para el reconocimiento de los pueblos indígenas.

-A partir de la década del ´90, de la mano de la reforma de la Constitución, se dan todos estos reconocimientos formales de los derechos de los pueblos indígenas. En paralelo se sancionan leyes que reconfiguran el país a la medida del modelo neoliberal. Hoy vemos que las leyes que favorecen, por ejemplo, la mega-minería, tienen plena vigencia, a diferencia de lo que sucede con la legislación indígena. ¿Eso quiere decir que se privilegian los intereses de esos sectores?

Yo creo que tiene que ver… más que privilegiar… porque también es personificar en alguien: ‘el que toma las decisiones’. Estas situaciones no son nuevas en el país, [porque] el Convenio 169 en algún momento fue ley pero no estaba ratificado en Ginebra. Este doble juego, vuelvo a repetir.

Me parece que ha tenido que ver, también, con que los pueblos indígenas hemos sido demandadores, y en ese marco no nos hemos dado una estrategia de ser actores en las definiciones políticas. Creo que parte de que hoy los pueblos indígenas empezamos a visualizar -no sin mirar hacia Bolivia y lo que ocurre en Ecuador- la posibilidad de ser constructores de ese poder, donde se toman las definiciones. Creo que es parte de lo que nos toca.

Como referentes hoy nos toca vivir estas situaciones y nos toca darnos cuenta de que en la medida de que sigamos siendo reclamadores o demandadores de que se pongan en práctica los derechos, y que no formemos parte de las definiciones políticas, va a seguir prevaleciendo, va a seguir poniéndose por encima de todo, el interés que mueve al sistema en el que vivimos. Porque no es que hay dos sistemas en puja, hay un sólo sistema, que es el sistema capitalista. Nosotros no nos queremos acomodar a este sistema, lo que estamos haciendo es pelear, definir cómo nosotros queremos vivir.

Pero hoy estamos en este marco del sistema capitalista, sería ilusorio, mentiroso, creer que estamos a la vuelta de la revolución en la Argentina. Creo que empezamos recién por una discusión de la distribución de la riqueza, donde los sectores sociales y donde los pueblos indígenas, parte de ese sector de pobres, también empezamos a hacernos parte de esa discusión. Ahí es donde creemos que los pueblos indígenas tenemos que crear nuestra fuerza propia, también, para irrumpir en la política argentina, para hacer nuestra propuesta, pero desde un lugar donde hay un poder que discute.

-¿Esto de ocupar los espacios de definición implica necesariamente incorporarse a las estructuras del Estado?

Sí y no. En principio creo que la fuerza política es fuerza política y tiene que ver con la capacidad de movilización que tengan los pueblos indígenas para defender su territorio, para defender su derecho. Esa es una cuestión natural que atañe al pueblo, la defensa de su derecho; pero creemos que hay otra definición, que es el otro ámbito de la lucha, que es la capacidad de gestión dentro del marco del Estado. Sobre todo porque somos organizaciones y pueblos que reconocemos que hay un Estado que nos quitó la capacidad de las definiciones políticas, de la autonomía; la capacidad del reconocimiento de nuestro territorio. Y es un Estado al que le estamos demandando que nos restituya esas capacidades que nos quitaron con la interrupción de nuestra vida libre. Por lo tanto, nos hacemos parte de estos espacios con la intención de ir generando condiciones para que nos restituyan esos derechos que están reconocidos: derecho a la autonomía, derecho a la libre-determinación; que son derechos reconocidos, que no vamos a empezar a discutir si corresponden o no. Están reconocidos.

Por lo tanto creemos que hacernos parte de esto no es hacernos parte del gobierno, es hacernos parte de una propuesta de la solución. Porque también es una definición autónoma de los pueblos indígenas que no queremos ser más parte del problema, como se dice, sino que somos parte de la solución, y tomando la definición que corresponde.

-En dos años de gestión, ¿cuánto han podido avanzar en esa dirección y qué obstáculos han encontrado para hacer aplicables los derechos?

Yo creo que no va a depender de la buena gestión del dirigente o de los dirigentes, va a depender mucho de la capacidad que tengamos los pueblos indígenas de acompañar la gestión que hagamos. Podríamos decirte que, en una valoración de cuánto hemos podido avanzar nosotros, de 90 que hemos propuesto, hemos avanzado en un 35%. Y tiene que ver con la Ley de Bosques y con una serie de participaciones que han sido generadas desde acá.

Una de las líneas políticas que tiene nuestra Dirección es el fortalecimiento de las organizaciones, y creemos que en esa línea hemos cumplido el 100% de lo posible. Hoy hay un espacio reconocido dentro del ámbito político, dentro de los pueblos indígenas y hacia el mismo Estado, que es el Encuentro Nacional de Pueblos Originarios; que es el espacio que se reúne para definir propuestas políticas hacia el Estado. En ese sentido podemos decir que una de las líneas de trabajo de nuestra Dirección la hemos cumplido, creemos que el gran déficit tiene que ver con la propuesta de la práctica de la normativa.

Nosotros estamos dentro de una Secretaría que debería generar prácticas de las normativas. Estamos hablando concretamente del libre consentimiento, estamos hablando de directrices que puedan ayudar a elaborar los estudios ambientales desde la práctica de los pueblos indígenas. Primero si el libre consentimiento permite, por lo menos, hacer un Estudio del Impacto Ambiental en ese territorio, y si se hace, cuál es la línea que rige ese estudio. Que no sea: “Venga, preséntese y hábleme en nombre de todos”, sino que es bajo los parámetros de la cultura que tiene que hacerse.

Y en ese sentido [estamos] con la expectativa en los últimos anuncios de la Presidenta [de la Nación, Cristina Fernández], que van a ayudar muchísimo en la cuestión práctica. Porque, como te decía al principio, reconocimientos hay de todo tipo, lo que necesitamos es que empecemos a generar condiciones para que la práctica sea un hecho. (1)

-¿Los anuncios que hizo para el Bicentenario?

Los anuncios del día del encuentro con los pueblos indígenas, que fue el 20 [de mayo]; que tienen que ver con generar nuevos espacios de participación de los pueblos indígenas en el Estado nacional, al servicio de los pueblos indígenas, y poner en práctica algunas herramientas que ayuden a que se establezca el libre consentimiento como un paso previo a cualquier acción que nos atañe o que irrumpa en nuestros territorios. Eso es básico, nadie puede pensar que vamos a constituir o hablar de la libre-determinación en los territorios si no logramos tener, en primer lugar, el libre consentimiento para determinar quién entra al territorio y quién no entra.

-Si bien la aplicación de esos derechos tiene mucho que ver con el fortalecimiento de los pueblos indígenas desde los mismos pueblos, es decir, con procesos internos. ¿Qué lugar ocupa la alianza con movimientos sociales?

Esto tiene que ver más con la idea de la construcción del poder. Nosotros creemos que la relación con las organizaciones sociales es fundamental. En primer lugar por una cuestión de concepción, que tiene que ver con la búsqueda de equilibrio, que no puede haber un pueblo originario que pueda vivir bien mientras al lado haya una sociedad pobre, por más que pudiéramos resolver nuestras vidas. Ahora, por otro lado, por una cuestión estratégica, porque con esos mismos sectores compartimos las mismas situaciones de la pobreza en este país. Y porque aspiramos a que la relación política y la relación de la distribución de la riqueza, en este país, sea otra; y es con ellos con quienes estamos más hermanados.

Nosotros hemos trabajado desde un primer momento, de hecho tenemos una relación muy fluida con todas las organizaciones sociales del país, y, sobre todo, tratando de ordenarnos qué representa cada uno.

-En el escenario general de los pueblos originarios ahora se ve más la posibilidad de establecer alianzas con movimientos sociales, que tiempo atrás no se las tomaba tanto en cuenta. ¿Qué cambió?

Muchas organizaciones indígenas tienen acuerdos y pactos y trabajan de manera conjunta con las organizaciones sociales [en territorio]. Creo que lo que se está haciendo es generalizarse a nivel nacional. Pero también acordemos que no había un espacio de reflexión, de encuentro y de articulación política de los pueblos indígenas. Hoy sí existe un espacio de articulación política, que es este espacio. Hoy creo que este espacio da lugar a tomar definiciones, justamente, a que se empiece a generalizar un poco más la relación política con todas las organizaciones.

Y me parece que ha cambiado también la mirada sociedad argentina, en todo caso, producto de varios factores. Producto de intereses, de decir, es un espacio importante en la relación con los pueblos indígenas. Algo que tiene que ver con esta representación que ha hecho el compañero, el hermano, Evo Morales, que ha empezado a despertar ideas que ayudan a que esto pueda avanzar. Y me parece, también, que hay cosas que en esta última década se han dado, como estudios oficiales que dicen que más del 50% de los argentinos tiene genes de pueblos amerindios. Entonces todo el mundo empieza a tener un poquito más de orgullo de lo que es ser originario de este pueblo y se empieza a cambiar esta mirada de que Argentina es toda bajada de los barcos. Hay una línea que baja de los barcos, pero hay una gran línea es la de los originarios de esta América. Eso también empezó a ayudar. Un poquito de información, un poquito de educación, ha ayudado también a que se cambie un poco la mirada de la sociedad.

-Por último, Venís de una provincia bastante particular como es Neuquén, donde si bien el Pueblo Mapuche tiene un protagonismo, el partido-Estado, que es el MPN, se levanta una fuerte muralla contra los avances en el reconocimientos de los pueblos originarios. Por ejemplo, la resistencia a la ley 26160. Por un lado en el Congreso Nacional se sancionan leyes que guardan correlato con ciertas demandas y por otro algunas provincias, invocando un sospechoso federalismo, no reconocen derechos consagrados. ¿Cómo se resuelve esa contradicción?

Yo me puedo hacer cargo de contestar lo de Neuquén, pero creo que la gran discusión en todos los acuerdos, y en la construcción de poder que hace el gobierno nacional, en las provincias repercute en otro sentido. En Tucumán se ha asesinado a un hermano [Javier Chocobar], cuando se supone que [la administración provincial] pertenece a una misma línea de un gobierno nacional que está haciendo un esfuerzo para reconocer a los pueblos indígenas.

Pero en Neuquén es inamovible la manera y el objetivo con que se constituyó y se construyó el MPN. El Movimiento Popular Neuquino es una fuerza política que se constituyó de una manera populista, con la idea del llenar cajas, llenar bolsas de comida, pero negador de los derechos. Negador de los derechos de todos los ciudadanos de la provincia del Neuquén, pero repercute mucho en los pueblos indígenas, porque básicamente quienes gobiernan son todos estancieros.

Creo que estamos en un punto de que vamos para un lado o para el otro, en términos, también, del rol que tiene que jugar el gobierno nacional en el reconocimiento de los derechos del Pueblo Mapuche. Estamos en pleno debate con el gobierno nacional para que se ponga en práctica [el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas], más allá de las necesidades que el gobierno nacional tenga en cuanto a la minoría que tiene en el Congreso Nacional y todas estas deudas políticas y acuerdos políticos que existen dentro del gobierno nacional. Venimos de una reunión en la que quedó claro que ninguno de nuestros derechos va a ser moneda de canje de la relación política entre los gobiernos nacionales y provinciales.

Nota:

(1) Se refiere a los decretos 700/10, 701/10 y 702/10 firmados el 20 de mayo.

Decreto 700/2010
Crea la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena al interior del INAI.

“Art. 2º — La COMISION DE ANALISIS E INSTRUMENTACION DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA tendrá los siguientes objetivos:

a) Elevar al PODER EJECUTIVO NACIONAL una propuesta normativa para instrumentar un procedimiento que efectivice la garantía constitucional del reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena, precisando su naturaleza jurídica y características.

b) Evaluar la implementación del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en el marco de las Leyes Nº 26.160 y Nº 26.554.

c) Elaborar iniciativas tendientes a unificar u homogeneizar el régimen legal y de criterios de inscripción de las Comunidades Indígenas en todas las jurisdicciones.

Art. 3º — El Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, presidirá y coordinará el funcionamiento de la COMISION DE ANALISIS E INSTRUMENTACION DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA, la que deberá constituirse en un plazo de TREINTA (30) días a partir de la vigencia del presente decreto.

Art. 4º — La Comisión tendrá a partir de su conformación, un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días para elevar la propuesta normativa.”

--

Decreto 701/2010

Establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la Ley N° 25.517 [Ley de disposición de los restos mortales que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas]. --

Decreto 702/2010

“Incorpórase a la estructura organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas.

(…) Que resulta necesario potenciar la promoción de la participación de los pueblos indígenas en los procesos generadores de políticas públicas que los afecten, impulsando entre las comunidades el pleno ejercicio de sus derechos, el conocimiento de los mismos y de las herramientas para ejercerlos.

Que para ello, resulta menester readecuar la conformación organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, en función de los criterios enunciados.

Que esa readecuación requiere la incorporación, en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de una Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas. Que la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación han tomado la intervención que les compete.