Una veintena de presos mapuche recluidos en diversos centros carcelarios de la región del Bío Bío y la Araucanía han iniciado en los últimos días una huelga de hambre.  Entre las demandas que plantean al Estado se encuentran el término de la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran, el fin al procesamiento de algunos de ellos por la justicia militar, un juicio justo y la desmilitarización de las zonas mapuche en que las comunidades reivindican derechos humanos políticos y territoriales.

La prensa oficialista, y aquella vinculada al empresariado, como es ya habitual, poco o nada ha informado de esta huelga.  Menos aún de su trasfondo político y social.  Por ello es necesario entregar algunos antecedentes que permitan entender y contextualizar la acción iniciada por los presos.

En la actualidad, existen en el país un total de 58 personas mapuche o relacionadas con el pueblo mapuche procesadas o condenadas por la ley antiterrorista por hechos de protesta social vinculados a la reivindicación de derechos por tierras o de derechos políticos.  De ellas cinco se encuentran condenadas y 42 en prisión preventiva en diversos centros carcelarios del país, en tanto que 11 se encuentran cumpliendo medidas cautelares en libertad.  Entre los delitos que se les imputan, o por los cuales cumplen condena, están los de incendio terrorista, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, amenazas terroristas, y el de asociación ilícita terrorista.

Cabe señalar, en primer término, que la ley antiterrorista, aprobada bajo el régimen militar, ha sido aplicada ya por cerca de una década en forma casi exclusiva a los mapuche frente a hechos de protesta social que les involucran.  Aunque en algunas ocasiones estos hechos de protesta social puedan ser constitutivos de delitos, entidades nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado la aplicación de dicha ley a estos casos, toda vez que en ella se establecen tipos penales muy amplios que posibilitan su aplicación arbitraria a hechos que nada tiene que ver con terrorismo, y que bien pueden ser juzgados y sancionados por la legislación penal ordinaria.

La aplicación de esta legislación a los mapuche ha sido cuestionada, además, por cuanto ella no garantiza adecuadamente el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos, al admitir la protección de los testigos, dando lugar a la existencia de testigos sin rostro en los procesos que se siguen en base a ella, al posibilitar la intercepción de las comunicaciones del imputado, y al impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva.  También ha sido cuestionada por establecer una elevada penalidad, la que duplica en varios casos a aquella establecida en la legislación ordinaria.

Por lo mismo, esta realidad ha sido representada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2007), y más recientemente (2009), por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Relator Especial de derechos Indígenas, James Anaya, todos ellos órganos de la ONU, los que han instado al Estado chileno a revisar la aplicación de esta legislación especial a los mapuche por hechos de protesta social, y a reformarla de modo de eliminar los tipos penales abiertos que ella contiene que hacen posible su aplicación arbitraria.

Otro hecho que ha sido cuestionado desde la perspectiva de los derechos humanos es la intervención de la justicia militar en algunos de los procesos que se siguen en contra de los mapuche por hechos de protesta social.  Dicha justicia, como sabemos, carece de la imparcialidad necesaria para juzgar delitos en que intervienen civiles, ya sea como ofendidos o como ofensores.  En el caso del pueblo mapuche, la impunidad en que se encuentran los homicidios de Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio, todos ellos cometidos por efectivos policiales y conocidos por la justicia militar, son un claro ejemplo de ello.

La necesidad de que el Estado chileno reforme el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar, ha sido representada al Estado chileno no solo por las instancias de la ONU antes referidas, sino además por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Palamara Ibarne v. Chile (2005).  Lamentablemente a la fecha, dicha reforma sigue sin materializarse.

Por último, otro hecho que también ha concitado la preocupación de la comunidad internacional, ha sido la militarización de las comunidades mapuche involucradas en conflictos de tierras.  Dicha militarización, que se manifiesta en la presencia permanente de efectivos policiales en comunidades, y en el uso desproporcionado de la fuerza en contra de sus integrantes, ha generado graves impactos psicosociales en ellas, los que han sido reconocidos por instituciones del propio Estado.  Recordemos que el año pasado la UNICEF manifestó su preocupación por los impactos adversos que generaron la presencia masiva de las policías, así como su actuar abusivo, en niños y niñas de diversas comunidades de la Araucanía, entre ellas Temucuicui y Rofue.

Como sabemos, la huelga de hambre iniciada días atrás no es la primera que desarrollan presos mapuche para denunciar el trato discriminatorio que reciben de parte del Estado chileno.  Sin embargo, es la primera que será enfrentada por el gobierno de Piñera.  Lamentablemente, los mensajes que la autoridad gubernamental ha dado en la materia, no son muy auspiciosos.  Pocos días antes del inicio de la huelga el propio presidente anunció el endurecimiento de la política de seguridad pública.  Entre las propuestas realizadas por el gobierno para estos efectos, se incluye la reforma a la ley antiterrorista hasta ahora aplicada a los mapuche, no precisamente para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos antes referidos, sino para agravar las penas por los delitos que considera y para establecer garantías, incluyendo la exención de responsabilidad penal, a favor de quienes colaboren en su desactivación.  Los anuncios de Piñera desoyen claramente las recomendaciones de Naciones Unidas en la materia, dejando en evidencia que su compromiso con los derechos humanos no pasa de ser meramente discursivo.

El inicio de la huelga de hambre, además, coincide con  la liberación de presos políticos en Cuba, hecho por cierto valorable, que ha sido celebrado por diversos personeros de gobierno y de oposición, por constituir una señal alentadora  de parte del gobierno cubano en favor de los derechos humanos en la isla.

Curiosamente en Chile, quienes aplauden esta medida mantienen hasta ahora silencio respecto a la situación de los mapuche encarcelados por la aplicación de legislación antiterrorista, quienes bien pueden considerarse como presos políticos.  Ello en la medida en que la aplicación en su contra de esta ley, responde claramente a una opción política del Ministerio Publico, o de la autoridad gubernamental, para perseguir su responsabilidad en hechos que, si bien en ocasiones pueden ser delictivos, claramente pueden ser investigados y sancionados en base a la legislación ordinaria existente en el país.

Es por ello que llamamos a las autoridades a considerar y a acoger las demandas de los presos mapuche que en estos días inician esta huelga de hambre, en particular poniendo término a la aplicación de esta ley en su contra, así como a la militarización de las comunidades mapuche involucradas en procesos de reivindicación de derechos humanos.  Llamamos también al gobierno y al poder legislativo a adoptar a la brevedad las reformas legislativas propuestas por los órganos de Naciones Unidas, en particular, la reforma de la ley anti terrorista y del Código de Justicia Militar.  Ello, para adecuarlas a la normativa internacional de los derechos humanos, garantizando el derecho al debido proceso y la realización de justicia en las causas que involucran a los mapuche, así como en general, a la población civil.

Finalmente, llamamos a los diversos actores políticos en Chile, incluyendo al gobierno y a la oposición, a tener mayor coherencia en su actuación, aplicando en este caso en el ámbito interno, el mismo razonamiento esgrimido recientemente en favor de la liberación de los presos políticos en Cuba, e instando a la revisión y al término de las situaciones de procesamiento y prisión arbitraria que afectan a más de medio centenar de personas mapuche en el país.

 

Lunes 19 de julio de 2010